28/01/2014

El juez del caso Bankia aplica el criterio de la Sala y excluye a decenas de preferentistas

El instructor del caso Bankia, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, ha comenzado a rechazar la personación de decenas de inversores afectados por la compra de participaciones preferentes que querían formar parte del procedimiento en el que se investiga la fusión y posterior salida de la entidad financiera. Alrededor de unos 40 consejeros y directivos de Bankia se encuentran imputados en la causa en estos momentos, tanto en la pieza principal como en la pieza separada de las preferentes. Entre ellos se encuentran el exdirector general del Fondo Monetario Internacional y expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.
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Andreu asegura en los autos de denegación que está enviando a los afectados para comunicarles que no acepta su entrada en el procedimiento que la causa que instruye no guarda ninguna relación con el proceso de “comercialización de las participaciones preferentes o case de operaciones en las sucursales de Bankia” y que, por tanto, deben acudir a juzgados ordinarios para reclamar las responsabilidades penales que consideren pertinentes.

Los argumentos del juez son los mismos que esgrimió desde el primer momento la Fiscalía y que terminó validando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado 9 de diciembre. Tras varios meses de deliberación, esta última concluyó que la investigación judicial de las preferentes de Bankia debía centrarse exclusivamente en el proceso de diseño y planificación de este fallido producto bancario y dejar fuera toda la parte relacionada con su comercialización.

Evitar el desbordamiento de la causa

Aunque no lo mencionó expresamente, el objetivo último de la Sala de lo Penal y también de la Fiscalía es impedir que la instrucción del caso Bankia se pierda en un mar de callejones sin salida al expandir en exceso el foco de la investigación y permitir la entrada de los miles de ciudadanos afectados por las preferentes. Para avalar esta decisión, la Sala aseguró que la cúpula de Bankia no dio instrucciones para que su red de oficinas vendiera de forma irregular el producto que previamente habían diseñado, una lectura controvertida de los hechos por la abundante documentación incluida en el procedimiento que avalaría justo la tesis opuesta.

La decisión de Andreu agilizará la investigación, pero la línea roja que ha decidido fijar la Audiencia Nacional tiene en contra a las partes que forman parte del proceso desde el principio. “La decisión del Juzgado de rechazar sistemáticamente la personación de los perjudicados por preferentes no tiene sentido, pues aunque el juez Andreu está obligado a respetar el, por otro lado, confuso criterio de la Sala de la Penal sobre el perímetro de la investigación, si se demuestra que hubo algún hecho delictivo en el diseño y planificación de las preferentes por los órganos directivos de las entidades, los preferentistas seguirían teniendo la condición de perjudicados”, explica Andrés Herzog, secretario general del Grupo Parlamentario de UPyD y autor de la querella que dio lugar al caso Bankia.

La opción del recurso

Herzog cree que “no parece que haya razón para impedir que los preferentistas puedan reclamar sus perjuicios en la Audiencia Nacional, pues el Auto de la Sala de lo Penal no impone esa consecuencia, por lo que un posible recurso podría prosperar, obligando al Juez a readmitirlos como perjudicados”, sostiene el dirigente de UPyD.

De la misma opinión es Jordi Ruiz de Villa, socio del despacho Jausas, otra de las acusaciones personadas desde el principio. Para este letrado, “lo normal sería que la mayoría de los afectados que han sido rechazados por Andreu recurrieran esa decisión” porque, a su juicio, no se les puede dejar fuera si son perjudicados de la planificación de las preferentes. Además, en los próximos días, Jausas pedirá de nuevo la ampliación de la querella a la fase de comercialización de las preferentes utilizando nuevas elementos probatorios. En opinión de Ruiz de Villa, se ha demostrado que “la cúpula de Bankia ideó procedimientos para que los responsables de las oficinas no conocieran la verdadera situación de la entidad, ni el riesgo de las preferentes, ni el perfil adecuado de sus inversores”.

En todo caso, si los directivos de Bankia y la propia entidad acaban siendo condenados por irregularidades en el diseño y planificación de las preferentes, todos los inversores podrán acudir con la sentencia ante los juzgados ordinarios para demostrar que la venta de ese producto se efectuó bajo condiciones ilegales, aunque la Audiencia Nacional no se pronuncie expresamente sobre el proceso de comercialización. En ese escenario, todos los inversores tendrán derecho a reclamar el resarcimiento correspondiente, incluso a pesar de que hayan quedado al margen del caso de la Audiencia Nacional.  

Victorias en los juzgados ordinarios

Por lo pronto, la decisión de la Sala de lo Penal deja en el aire la permanencia en el proceso de los afectados que ya habían conseguido personarse. Andreu aún no ha tomado ninguna decisión sobre su continuidad en el caso, pero lo previsible es que, con el mismo criterio que está utilizando para rechazar nuevas personaciones, acuerde expulsar a los que aceptó antes de que se pronunciara la Sala de lo Penal.

Con este criterio, cobra fuerza la vía de los juzgados ordinarios. Numerosos inversores particulares están acudiendo a ellos para denunciar a los responsables de las oficinas que les ofrecieron la adquisición de este producto. No sólo en el caso de la preferentes de Bankia. El propio despacho Jausas y el letrado Fernando Zunzunegui acaban de conseguir que la Audiencia Provincial obligue a Deutsche Bank a devolver 2,9 millones de euros a medio centenar de preferentistas al apreciar que la entidad las colocó incurriendo en mala praxis.