24/10/2013

El juez indaga si hubo favoritismo en la recompra de preferentes de Bancaja en 2012

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que instruye la causa sobre la salida a Bolsa de Bankia a raiz de la querella de UPyD, ha reclamado a la matriz de esta, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), que remita a la mayor brevedad a ese juzgado la lista de tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada cuya amortización solicitó en marzo de 2012, «así como su grado de relación con las sociedades del grupo BFA/Bankia y sus directivos», según un auto fechado el 17 de octubre. La citada operación garantizaba a los titulares de estos productos híbridos recuperar al menos el 75 % del valor nominal de varias emisiones que sumaban un importe de 1.277 millones de euros de los cuales 921 correspondían a Bancaja, si bien llegarían al 100 % si mantenían su inversión hasta junio de 2013. El canje por acciones, que se inició dos meses antes de que Bankia fuera nacionalizada, se hizo a 3,31 euros por título, lo que conllevaba pérdidas del 68 % en caso de venderlos en aquel momento.

Aunque en su momento Bankia explicó que incluyó esas emisiones en el canje no así una de 3.000 millones de Caja Madrid de 2009porque eran anteriores a una directiva europea de 2007 que obligaba a pasar a esos clientes un test de idoneidad el mismo que luego tantos inversores han denunciado que no se les ofreció, fuentes jurídicas consultadas por este diario consideran que el juez trata de averiguar si hubo arbitrariedad en la elección de dichas emisiones y si se favoreció a «directivos del grupo, familiares de los mismos o grandes clientes».

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La decisión de Andreu es consecuencia del escrito que le remitió una de las acusaciones del caso Bankia, el despacho de abogados Jausas, que pidió que se indagara sobre quiénes fueron los beneficiarios de la operación y sus relaciones con los dirigentes y empresas del grupo Bankia, así como quién y cómo se tomó la autorización en el Banco de España, por si cupiera pedir responsabilidades a la administración del Estado. En efecto, el juez pide al Banco de España que remita el expediente derivado de la solicitud de amortización de las citadas emisiones y las actas de los órganos de gobierno de la institución donde se trató de la misma y, sobre todo, se autorizó. Y es que Jausas apunta que el Banco de España, en un informe sobre esta operación, recordaba que BFA «pagaría un mínimo del 75 % y un máximo del 100 % por unos pasivos propios que contablemente están registrados por el 100 %, pero que dos expertos han valorado en solo el 21 %». Como consecuencia de ello, el «lucro cesante» para BFA «podría ser de hasta 1.000 millones en caso de un 100 % de aceptación y de fidelización».