29/01/2016

Fondos, empresas y Sicav preparan demandas contra Bankia por la OPV

Publicado en Expansión.

Los inversores profesionales se han encontrado con una puerta abierta con la que no contaban: la sentencia del Supremo respaldando las demandas contra la salida a Bolsa de Bankia. Muchas empresas, fondos, Sicav y family office que descartaban hasta ahora enfrentarse en los tribunales a la entidad nacionalizada han vuelto a poner sobre la mesa esta posibilidad. Ya hay mandatos dados a bufetes de abogados e incluso las primeras demandas preparadas, según fuentes jurídicas consultadas por EXPANSIÓN.

En este sentido, Javier Cremades, presidente fundador de Cremades & Calvo-Sotelo, afirma tener ya como clientes contra Bankia a dos fondos extranjeros que acudieron a la Oferta Pública de Suscripción (OPS). Y desde Jausas aseguran tener listas demandas procedentes de, al menos, una empresa cotizada y varias instituciones de inversión colectivas.

Esto podría ser tan sólo la punta del iceberg. Según cifras que facilitó la CNMV en un informe para el Fondo de Reestructuración Banaria (Frob), a la salida a Bolsa de Bankia acudieron 16.238 inversores “que no son considerados minoristas”. “Si a este último número restamos el total de empresas no financieras –14.050– tendríamos un mínimo de 2.188 inversores que podemos considerar que tienen la condición de institucionales”, añadía el supervisor. De estos últimos, 511 fueron instituciones financieras; 145 empresas del sector seguros; 1.164 inversores extranjeros; dos administraciones públicas; y 366 instituciones privadas sin fines de lucro.

Balance En total, Bankia se expone a demandas potenciales de institucionales por valor de 1.200 millones, junto a posibles nuevos procesos de particulares por 1.000 millones –ya ha recibido demandas por 820 millones–.

De acuerdo al libro de órdenes de la Oferta Pública de Suscripción, que sirvió para fijar el precio dos días antes del estreno, habían mostrado su intención de acudir grandes patrimonios como Alicia Koplowitz (Omega Capital), Javier Botín (Inversiones Zulú) y Manuel Jove (Doniños de Inversiones). También mostraron su compromiso grandes cotizadas como Mapfre (280 millones), Santander (156 millones), CaixaBank (100 millones), Iberdro la (55 millones) y Sabadell (30 millones), según el informe de los peritos; y no cotizadas como Gestamp (58 millones), Mutua Madrileña (25 millones), Grupo Villar Mir (20 millones), Disa (20 millones) y Abengoa (10 millones) (ver cuadro adjunto).

“Hasta ahora pelear con un banco como Bankia daba vértigo a los inversores profesionales. Pero con la sentencia del Supremo se convierte en un cupón, la batalla ya está decidida. Aun así es prudente esperar a leer las sentencias”, expone Cremades.

En este sentido, muchas empresas e inversores están esperando a que se conozca la letra pequeña de las sentencias del Supremo antes de tomar una decisión en firme. No quieren dar un paso al frente antes de saber si el Alto Tribunal incluye en su escrito alguna referencia que legitime para reclamar sólo a los particulares, algo que ven poco probable. Así lo hizo, por ejemplo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, asegurando que los institucionales tenían más elementos de juicio para tomar su decisión más allá del folleto.

Según varios inversores y family office consultados, la decisión de demandar o no a Bankia girará en torno a dos variables: la pérdida sufrida, ya que muchos de ellos vendieron mientras la cotización estaba todavía alta; y la situación accionarial.

Así, en caso de tener accionistas, las empresas y Sicav se podrían ver obligadas a demandar la devolución del dinero invertido en la salida a Bolsa. Esto se debe a que, de lo contrario, sus propios inversores podrían demandar a los responsables de la sociedad por no defender sus intereses.

Opiniones enfrentadas Por el momento, hay grupos como Mapfre que no han tomado una decisión al respecto: “Estamos a la espera de conocer la sentencia y, como manifestamos en su momento, analizaremos y actuaremos en consecuencia para la mejor defensa de los intereses de la sociedad”, señalaron fuentes de la aseguradora. Mientras, otras compañías, como Mutua Madrileña y Banco Sabadell negaron la posibilidad de presentar demandas, ya que no se consideran perjudicadas por la salida a Bolsa de Bankia.

Dentro del foco de posibles demandas también hay empresas de menor tamaño, muchas que se encontraban inmersas en una refinanciación y que, según sugirieron los peritos de la Audiencia, pudieron invertir a cambio de mantener la financiación. Entre ellas están las de empresarios de la Comunidad Valenciana a los que Bankia, Banco de Valencia y/o el Frob han llevado a los tribunales por operaciones irregulares, como Salvador Vila, y que ahora podrían tomarse su revancha.

Una operación “cuestión de Estado”

La salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 se convirtió en “una cuestión de Estado”, tal y como lo definió Wall Street Journal. Banqueros y empresarios reconocen extraoficialmente que hubo llamadas del Gobierno para que invirtieran en Bankia. Prácticamente todas las entidades y grandes empresas, salvo BBVA, lo hicieron. Estas presuntas presiones llegaron ante la normativa que aplicó la CNMV para esta salida a Bolsa, obligando a que un 40% de la colocación fuera a parar a inversores cualificados, del que la mitad tenía que ir a parar a bancos, otras entidades, Administraciones Públicas y grandes empresas.

Los presuntos errores del folleto y la salida a Bolsa

Cerca de 270.000 inversores se quedaron petrificados cuando se hizo público el informe pericial del caso Bankia, el 4 de diciembre de 2014. En el mismo, dos inspectores del Banco de España –a las órdenes del juez Andreu– detectaron fallos en el folleto de la salida a Bolsa del banco, en julio de 2011; y en la forma con la que cubrió el tramo institucional de la oferta. Se basaban para ello en que las cuentas de la entidad de 2010 no reflejaban saneamientos necesarios en Banco de Valencia y algunas sociedades inmobiliarias, por lo que en lugar de ganar 529 millones tendría que haber perdido 62 millones. Junto a ello, los peritos detectaron órdenes de compra “incomprensibles” dentro de la Oferta Pública de Suscripción (OPS), por lo que la fijación del precio “no fue un modelo de concurrencia”. Esta información provocó una avalancha de demandas de inversores, que podría acelerarse todavía más a raíz de la sentencia del Supremo del miércoles, que concluyó que hubo “graves inexactitudes” en el “folleto de la oferta pública”. Sin embargo, estas conclusiones son muy criticadas por Bankia, la CNMV, el Fondo de Reestructuración (Frob) y el propio Banco de España. Argumentan que las cuentas eran correctas ya que los deterioros que detectan los peritos se produjeron con posterioridad y que, aun en caso de que tuvieran razón, Bankia tenía provisiones genéricas pendientes de asignar para cubrir el agujero.