08/07/2017

Popular: Los inversores preparan demandas millonarias

Publicado en Expansión.

Asociaciones de consumidores, accionistas minoritarios, bonistas e inversores institucionales amenazan con una avalancha de demandas millonarias por los daños ocasionados. Sólo la ampliación de capital de 2016 suma alrededor de 2.500 millones de euros, a los que habría que añadir el dinero perdido por la amortización de la acción, la deuda subordinada y los bonos convertibles.

En menos de 12 horas desde que se hizo pública la operación de rescate y compra de Banco Popular por parte de Santander, varios despachos de abogados han organizado reuniones informativas para afectados, anunciando la posibilidad de reclamar ante los tribunales. Según los expertos, ahora se abren diferentes frentes legales, aunque la situación no está exenta de incertidumbre, ya que se trata de una operación “que ha cogido por sorpresa al mercado y de la que no existe precedente en España”, asegura Jordi Ruiz de Villa, socio de litigación bancaria de Jausas.

Este experto explica que una parte es muy similar a la situación que ya se ha vivido con la salida a Bolsa de Bankia, ya que el rescate de Popular evidencia que las cuentas utilizadas para la ampliación de capital de mayo de 2016 no reflejaban la situación real de la entidad. Este despacho, que representa a inversores institucionales, grandes patrimonios y fondos de pensiones, entre otros, ya está estudiando la posibilidad de presentar una querella por estafa a inversores. Pero no es el único, ya que otras firmas están trabajando para representar a los minoritarios.

Por otra parte, y siguiendo la vía penal, estas acciones también se dirigirán contra los anteriores equipos gestores, tanto el liderado por Ángel Ron (por la ampliación de capital), como por Emilio Saracho, hasta ayer presidente de Banco Popular.

Según los expertos consultados, el consejo es el único organismo que podía tener acceso a la información que reflejaba la verdadera situación de la entidad, por lo que podrían depurarse responsabilidades.

Todas las actuaciones penales podrán agruparse bajo un único proceso, en el que finalmente será la Audiencia Nacional quien se pronuncie. El proceso no será rápido y podrá demorarse entre cuatro y cinco años (es el tiempo que ha durado, por ejemplo, la instrucción del caso Bankia).

 Indemnizaciones

Por otra parte, están las demandas civiles, cuyo objetivo es lograr una indemnización por los daños económicos producidos a los inversores, y de las que tendrá que responder Santander como nuevo dueño de los activos de Popular. En este caso, los pleitos deben presentarse de manera individual, lo que, según los expertos, terminará por colapsar los tribunales. Actualmente, los juzgados están saturados con las reclamaciones por las cláusulas suelo, a las que habría que sumar las cerca de 300.000 demandas que podrían presentarse en el caso de Popular, entre accionistas e inversores de deuda.

Aun así, habrá que esperar unas semanas para ver en qué se concretan estas acciones particulares. Los fondos institucionales tienen previsto esperar a que avance la vía penal, donde es más fácil recabar pruebas que luego sirvan para las reclamaciones civiles.

Cuando se acude por esta última vía, la carga probatoria recae en el demandante y, a día de hoy, para un accionista es imposible conocer el alcance real del desfase en las cuentas de la entidad financiera. Tampoco hay prisa, ya que el contador para reclamar se pone a cero y varía entre tres y cinco años.

Los fondos que financian pleitos estudian sufragar los gastos de las demandas

Hasta hace unos meses, en España los fondos que invierten en pleitos eran casi unos desconocidos. El año pasado, la firma británica Therium anunció su desembarco en nuestro país y ahora está estudiando la posibilidad de entrar de lleno en el caso de Banco Popular, tal y como confirman desde Jausas. Este tipo de fondos cubre todos los gastos del proceso (abogado, procurador, perito, tasas, etc.) e incluso las costas en caso de perder el litigio. Sin embargo, exigen una parte de la cantidad reclamada si ganan, que puede llegar a alrededor del 30%. Además, sólo apuestan por casos con una alta probabilidad de éxito, por encima del 60%. El sector bancario figura entre sus prioridades, aunque pueden financiar todo tipo de pleitos en los que se reclame una indemnización económica. Hasta ahora,

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